El procurador municipal Rodolfo Fernández presentó esta mañana un informe sobre aspectos de su competencia a los concejales capitalinos, a quienes además dejó una variada documentación para que se informen acerca de la cartera de juicios en los que interviene la municipalidad.Fernández detalló el estado de varios procesos, discriminando entre aquellos que en los que la comuna logró fallos favorables y adversos, y las causas que aún están tramitándose.
Las demandas de Proconsumer contra el aumento de la tarifa de Limsa, el de Frontera por la rescisión del contrato de Setranor, las acciones promovidas por vecinos por el tema de las antenas de radiodifusión y telefonía, son los expedientes en los que centró su exposición el Procurador el encuentro con los concejales.
También se detuvo en el juicio iniciado por empresas de transporte que rechazan una carga impositiva y los promovidos por víctimas de accidentes de tránsito que exigen la condena de la municipalidad por su presunta falta de control de los seguros de los automovilistas.
El encuentro comenzó a medida mañana, tal como había sido acordado la semana pasada, y Rodolfo Fernández entregó a los legisladores un listado con los embargos judiciales que sufrieron las cuentas comunales en los últimos años.
Cal y arena
La comuna capitalina sufrió varias demandas de particulares damnificados por accidentes de tránsito quienes acusan al gobierno de no controlor que los automovilistas tengan los seguros de ley.
"Es un control de medios, no de resultados", explicó el jefe de los abogados municipales, agregando que acreditó en los tribunales las acciones para cumplir con esa obligación mediante informes de la Policía de Tránsito y la dependencia pertinente de la Policía Provincial.
En tanto, la justicia declaró constitucional la ordenanza que incrementó la tarifa de Limsa, y de esta manera desestimó los argumentos de Proconsumer. La organización, cuya vocera es la abogada Alicia Chalabe, deberá afrontar las costas del juicio y los honorarios regulados.
La demanda de la ex concesionaria del estacionamiento tarifado, Frontera S.A., se encuentra lista para que la justicia se pronuncie. Se trata de la causa por 16 millones de pesos que no fue contestada por el ex asesor legal del municipio Ernesto Espada, hecho que le valió su salida del gabinete del intendente Martiarena.
El actual procurador admitió que ese hecho puso a la municipalidad en rebeldía pero aclaró que no implica reconocer los hechos y derechos invocados por la empresa. Aunque el decreto de rescisión podría haber contenido otros elementos para resguardar al Ejecutivo, la comuna argumentó como causal de la caida del contrato los incumplimientos de Setranor de las obligaciones que tenía respecto de su personal.
Otro punto a favor de la defensa ejercida por el procurador fue objetar algunos puntos de la percia contable solicitada por Frontera y que estableció en 16 millones de pesos el reclamo indemnizatorio. Desde el mayo del año pasado la causa está lista para que la justicia se pronuncie.
Aun queda pendiente, no obstante, el reclamo por el supuesto lucro cesante por la reducción que en su momento hizo la municipalidad del área concesionada, excluyendo medio centenar de calles del barrio Gorriti.
El caso de las antenas no es menos preocupante, ya que se libra una dura batalla en el plano judicial. La justicia jujeña le dio la razón a los vecinos, por lo que la municipalidad apeló ante la Corte Suprema que aceptó revisar el expediente.
A mediados de julio se realizará una audiencia en el poder judicial por otro caso parecido: la antena de telefonía celular instalada en el barrio Ciudad de Nieva, que es rechazada por los vecinos. La pelea aquí incluye la vía administrativa, ya que en el Deliberante existen dos expedientes vincualdos con el tema.
Fernández brindó estas precisiones antes los concejales Raúl Jorge, Mario Lucardi y Ekel Meyer, durante el encuentro que comenzó alrededor de las 10 en la sala de reuniones, en la que participó el secretario administrativo Ariel Jiménez
Allí abordó la causa promovida por las empresas de transporte Etap y Unión Bus rechazando el pago del 3 por ciento sobre la venta de pasajes en concepto de tasa de inspección a la que consideraron "confiscatoria".
Fernández resumió la defensa de la muncipalidad diciendo que ésta presta efectivamente un servicio, como es la demarcación de la vía pública y los refugios para los pasajeros, y que las empresas -que son permisionarias y no concesionarias- conocían las reglas de juego al obtener el permiso precario. "Si estaban en contra del sistema, no hubieran aceptado iniciar la actividad, dijo.
Por último, el funcionario solicitó profundizar el estudio del Profosam, ya que estimó que hay varios aspectos que podrían perfeccionarse, ya que en su actual esquema la comuna no puede llevar un seguimiento permanente de qué se está pagando ni de qué montos se trata.
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