Para el intendente José Luis Martiarena no se dan “las condiciones y requisitos necesarios e imprescindibles” para que el ejecutivo avance en un llamado a licitación del transporte público de pasajeros. Por ello, vetó la ordenanza 4831/06, sancionada el 9 de noviembre, que solicitaba al ejecutivo que confeccione los pliegos de bases y condiciones para el llamado a licitación pública de este servicio.
A tan solo un año de otorgadas las concesiones que resultaron del último concurso, la situación del transporte de colectivos aparece como caótica. De las 35 líneas que integraban los paquetes solo seis se encuentran actualmente concesionadas, en tanto que solo quedan dos empresas de las que se habían presentado.
Las empresas Río Blanco y Santa Ana explotan tres líneas cada una, de las cuáles cinco son las de mayor rentabilidad de todo el sistema: las que recorren Alto Comedero, a cargo de la primera, en tanto que la segunda opera los recorridos de la zona sur de la ciudad, especialmente en el barrio Islas Malvinas.
Sin embargo, ese panorama lejos de justificar un estudio profundo para el llamado a una nueva licitación pública del transporte de colectivos, como lo había entendido el Concejo Deliberante, obliga “a proponer una modificación gradual, aunque firme y constante” para que “en el largo plazo se refleje una situación diferente y más próxima a lo deseable”.
El decreto de veto de la ordenanza 4831, firmado por Martiarena y su secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Martínez, contiene una defensa política de las acciones que adoptó la intendencia en esta área, y objeciones jurídicas.
Las líneas que quedan aún concesionadas y de mayor rentabilidad no deberían entrar en una eventual nueva licitación. Pero ninguna de las concesionarias cumple con todas sus obligaciones.
La ordenanza 3152 constituye el marco jurídico del transporte urbano de colectivos y sus disposiciones rigieron para el anterior llamado y estarían vigentes para la próxima convocatoria, pero las mismas son hoy incumplidas.
En otro orden, el departamento ejecutivo apeló a la falta de presupuesto para hacer el estudio que replantee los itinerarios y frecuencias de las líneas, que mandaba el deliberante para que conformar paquetes que equilibren recorridos de baja y alta rentabilidad. Ese estudio también tenía que dar lugar a la inclusión de las líneas que quedaron desiertas o sin cubrir luego de la licitación efectuada en 2001.
Desde el bloque justicialista trascendió que la ordenanza 4831 será insistida por el cuerpo la próxima semana, durante la única sesión extraordinaria que el cuerpo tiene previsto realizar.
A tan solo un año de otorgadas las concesiones que resultaron del último concurso, la situación del transporte de colectivos aparece como caótica. De las 35 líneas que integraban los paquetes solo seis se encuentran actualmente concesionadas, en tanto que solo quedan dos empresas de las que se habían presentado.
Las empresas Río Blanco y Santa Ana explotan tres líneas cada una, de las cuáles cinco son las de mayor rentabilidad de todo el sistema: las que recorren Alto Comedero, a cargo de la primera, en tanto que la segunda opera los recorridos de la zona sur de la ciudad, especialmente en el barrio Islas Malvinas.
Sin embargo, ese panorama lejos de justificar un estudio profundo para el llamado a una nueva licitación pública del transporte de colectivos, como lo había entendido el Concejo Deliberante, obliga “a proponer una modificación gradual, aunque firme y constante” para que “en el largo plazo se refleje una situación diferente y más próxima a lo deseable”.
El decreto de veto de la ordenanza 4831, firmado por Martiarena y su secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Martínez, contiene una defensa política de las acciones que adoptó la intendencia en esta área, y objeciones jurídicas.
Las líneas que quedan aún concesionadas y de mayor rentabilidad no deberían entrar en una eventual nueva licitación. Pero ninguna de las concesionarias cumple con todas sus obligaciones.
La ordenanza 3152 constituye el marco jurídico del transporte urbano de colectivos y sus disposiciones rigieron para el anterior llamado y estarían vigentes para la próxima convocatoria, pero las mismas son hoy incumplidas.
En otro orden, el departamento ejecutivo apeló a la falta de presupuesto para hacer el estudio que replantee los itinerarios y frecuencias de las líneas, que mandaba el deliberante para que conformar paquetes que equilibren recorridos de baja y alta rentabilidad. Ese estudio también tenía que dar lugar a la inclusión de las líneas que quedaron desiertas o sin cubrir luego de la licitación efectuada en 2001.
Desde el bloque justicialista trascendió que la ordenanza 4831 será insistida por el cuerpo la próxima semana, durante la única sesión extraordinaria que el cuerpo tiene previsto realizar.
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