El concejo deliberante envió hoy a la comisión de Finanzas el nuevo proyecto de presupuesto enviado por el ejecutivo, en tanto no pudo insistir la norma que regula la actividad de los espacios dedicados al esparcimiento.
Siete pedidos de informes elaborados por la UCR fueron aprobados, por lo cuál la el gobierno comunal deberá responder cuestiones vinculadas con el plan anual de obras públicas y la recaudación fiscal de los años 2005 y 2006, la labor del procurador municipal en las actuaciones de los juicios en los que esté involucrado el municipio, la entrega de pases liberes a personas mayores de 70 años, y los controles municipales acerca de la proliferación de vendedores ambulantes en distintas calles de la ciudad.
También logró acuerdo el pedido de informes de Meyer centrado en las obras realizadas en el cementerio El Salvador, y el destino del portón principal y de los elementos de iluminación anteriores, que estaban incluidos en el patrimonio comunal. Además, la UCR quiere conocer el detalle de los gastos en la refacción de la necrópolis.
Los ediles recibieron los oficios enviados por la intendencia dando cuenta de los embargos judiciales que afectan las arcas comunales por ejecución de honorarios promovidos por los abogados Oscar Agustín Galíndez y Carmen Nasif, y una ejecución de sentencia de Enrique Fernando Pedicone.
Los legisladores comunales resolverán en reunión de concejo en comisión si destinarán partidas del Presupuesto 2007 para financiar las actividades del Consejo Vecinal. El Concejo Vecinal es una institución creada por ordenanza que debería estar ya en funcionamiento pero la carencia de recursos impide que cumpla sus fines.
A raíz de una nota de vecinos del barrio Islas Malvinas, los ediles invitarán a una reunión al jefe de la Policía Provincial, comisario (R) Rolando Yapura para dialogar acerca de las tareas que la fuerza realiza para garantizar la seguridad de los vecinos de la ciudad.
Jorge Rizzotti, en tanto, ingresó una iniciativa para que se haga extensivo a todos los empleados municipales el pago del adicional de 30 pesos o la recategorización acordada con el gremio, mientras que Mario Lucardi justificó el acuerdo otorgado al convenio entre la municipalidad y Agua de Los Andes para la reparación de las calzadas dañadas por obras de la empresa.
Por dicho convenio la intendencia eximirá a la prestataria del canon a la que está obligada Agua de Los Andes por rotura y reparación de calzadas, y a través de la dirección de Tránsito se garantizarán las condiciones de circulación para que los operarios puedan trabajar con seguridad.
La tercera sesión comenzó alrededor de las 11.40, fue presidida por Alicia Sosa y comenzó con el quórum mínimo. Estuvieron presentes los radicales Raúl Jorge, José Luis Sánchez, Jorge Rizzotti y Ekel Meyer, y los justicialistas Mario Lucardi y Víctor Sarmiento.
Justificaron sus inasistencias a la sesión de hoy por razones de salud las ediles del PJ Rita Robles, Graciela Carrasco y Alejandra Cejas, en tanto que Pablo Lozano informó que por razones particulares debía trasladarse a Salta. La concejal Patricia Armella también estuvo fuera de la provincia.
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