sábado, 21 de noviembre de 2009

SE PROHIBE LA HABILITACIÓN DE CABARET, WHISKERÍAS Y AFINES


En el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy

La Edil Alejandra Cejas del Bloque Justicialista del Concejo Deliberante, promueve el proyecto de ordenanza mediante el cual se prohibe la habilitación de locales bajo la denominación de cabaret, whiskerías y afines en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La norma está basada en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas; de la cual Cejas considera: “la misma nos impone la obligación de no tolerar escenarios propicios para que operen redes de trata o explotación sexual. Los lugares donde generalmente se desarrolla este delito son los locales de diversión nocturna tipificados como "whisquería", "cabaret", "nigth club" y "club nocturno" o afines. A ella se suma la Ley de Profilaxis de nivel nacional por la que se prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en todo el territorio argentino”.

Agregando al respecto “si bien la problemática de la Trata de Personas, no es tema habitual de la mayoría de los Municipios, debemos abordar este tema con la verdadera dimensión; ya que la “trata” es uno de los más inhumanos de los tratos hacia las personas, generalmente mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establece a Jujuy como de reclutamiento y tránsito en las rutas de las redes de trata, que suelen reclutar, con propuestas engañosas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica, a sus víctimas en provincias del norte argentino o en países limítrofes”, puntualizó.

La Edil Cejas, cita entre sus justificaciones un informe mundial sobre la Trata de Personas 2009 que expresa: “Tras un largo período de desinterés e indiferencia, el mundo está tomando conciencia de la realidad de una forma moderna de esclavitud. El público y los medios de comunicación están empezando a percatarse de que unos seres humanos explotan a otros seres humanos por dinero. Los parlamentos aprueban leyes debidamente estrictas. El poder judicial se pone a la altura de sus responsabilidades de lucha contra la esclavitud, con más juicios y más sentencias condenatorias. La sociedad civil y (en menor medida) el sector privado movilizan la buena voluntad y los recursos para ayudar a las víctimas”.

En su articulado, la norma también establece que aquellos locales que a la fecha tengan habilitación, no podrán renovarla nuevamente en dicha categoría.-

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